viernes, 18 de enero de 2013

Insulto a la inteligencia











Nuestros políticos además de robarnos se burlan desvergonzadamente de nosotros. Uno de los descarados insultos a la inteligencia de la ciudadanía fue el “Código de Buenas Prácticas Bancarias” aprobado en marzo de 2012. El “no va más” de la insensatez política y el menosprecio a los ciudadanos. Este “Código” es lo máximo que nuestro gobierno ha podido dar de sí para intentar contener la sangría de desahucios, 510 cada día, que sólo se pueden calificar de inhumanos. Mientras nos imponen que entre todos recatemos a los bancos.

Si la deuda de Bankia es pública, obviamente todas las viviendas de Bankia deberían pertenecer a los ciudadanos que están rescatando a ese banco, y para ello no hace falta ningún “Código”  sino tirar de sentido común y un poquito de vergüenza. Pero el terrorismo financiero, además de imponer el rescate público, promulga también la expulsión de las familias de sus casas y con una deuda de por vida. ¿Es lícito soportar estas crueldades? ¡Cuando la dictadura de los mercados entra por la puerta, la democracia salta a vacío suicidándose por la ventana!

Entidades como Bankia, “rescatadas” con los impuestos de todos y con los despidos de muchos, se permiten la osadía de desahuciar a las familias que han perdido sus trabajos y que por ello no pueden hacer frente al pago de las cuotas de sus hipotecas. Mientras sus directivos se retiran con indemnizaciones indecentes como recompensa de haber llevado al banco a la bancarrota.

Entregarle a estos bancos un “Código de Buenas Prácticas” surge el mismo efecto que entregarle el Código Civil a un asesino en serie.

Pero si lo del “Código de Buenas Prácticas” para los bancos ha sido un insulto a la inteligencia de los ciudadanos, lo de la “Ley de Transparencia” es el colmo de burla. España es el único país de la Comunidad Europea con más de un millón de habitantes que no cuenta con una ley de acceso a la información pública. Con esta “Ley de Transparencia” seguimos sin poder ver absolutamente nada. ¿Por qué no se puede saber cuánto cuestan los desplazamientos de nuestros representantes? o ¿Por qué no se puede tener acceso a las cuentas de los organismos públicos?

La transparencia de nuestros políticos es lo mismo que las buenas prácticas de nuestros bancos. Pero si, por lo menos, fueran un poco considerados con la ciudadanía que los mantiene, deberían cambiarle el nombre a la ley y ponerle “Ley de Opacidad” o “ley de los Privilegios de sus Señorías” y empezarían a ser algo coherentes.

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